La criminalidad a nivel mundial representa un grave problema para distintas naciones, siendo lamentable que, en ocasiones, el gobierno sea rebasado por la delincuencia al establecer estrategias que no son idóneas para combatir los flagelos que laceran a la sociedad, y peor aún, cuando existe contubernio con las autoridades para seguir operando. Aunado a ello, frecuentemente algunos mandatarios consideran que aumentando el número de elementos y enviando al ejército, marina o policía nacional a las calles, para brindar seguridad a la población, cumplen con la implementación de una política criminal.

De igual manera, ciertos políticos suelen utilizar en sus campañas una demagogia o populismo penal, haciendo creer a los gobernados que reducirán los índices de delincuencia con acciones que no tienen un sustento jurídico, o bien, que contrarían los instrumentos internacionales o derechos humanos; verbigracia, aplicación de la pena de muerte en algunos países de Latinoamérica, y peor aún, es la práctica de un derecho penal selectivo, en donde es proclive castigar a la clase marginada o pobre y con exceso de proteccionismo a la clase alta cuando se ha infringido la ley penal.

Así mismo, la inflación penal es utilizada recurrentemente por los legisladores aumentando los delitos y las penas, siendo popular entre los votantes y aparentando resolver la delincuencia o los problemas sociales; por ejemplo, pena de setenta años para secuestradores o pena vitalicia para los delitos contra la salud como el narcotráfico.

Referente a los impartidores de justicia, en realidad no aportan para construir una política criminal con el resto de los poderes ejecutivo y legislativo, tal vez sea porque su función es eminentemente jurisdiccional, o en su caso, por el desconocimiento que se tiene del tema de los integrantes de tribunales en materia penal. De hecho, hay muy pocas investigaciones y fuentes científicas vinculadas con la política criminológica y el poder judicial.

Lo cierto es que, los tópicos anteriores, no han funcionado para abatir la delincuencia, hasta aumentar prisiones representa un retroceso en el actuar gubernamental. Por el contrario, países como Suecia, Holanda, Dinamarca o Noruega, están cerrando lo que en algún momento eran cárceles y lo han logrado por medio de la prevención del delito, así como, adecuadas políticas criminales, reduciendo o eliminando la represión.

Por lo anterior, considero que en lugar de ocurrencias o improvisaciones de los gobernantes y legisladores, se necesita implementar una política criminal estratégica, que consiste en realizar acciones del Estado preventivas o represivas para abatir la violencia, resolver el problema de la inseguridad y delincuencia, pero siempre respetando los derechos humanos, la cual debe ser diseñada por expertos multidisciplinarios como criminólogos, abogados, sociólogos, psicólogos, antropólogos, politólogos y en seguridad pública.

Ahora bien, dentro de los principios torales de la política criminal se encuentran la legalidad, mínima intervención, prevención, igualdad ante la ley, última ratio, congruencia y proporcionalidad de las penas, lo anterior para establecer los parámetros de su aplicación y funcionalidad. Resulta interesante, el hecho de que dichos principios se conviertan en una especie de cultura; ejemplo de ello tenemos la cultura de paz, legalidad, solidaridad y respecto al prójimo; tal y como se ha logrado implementar en países como Finlandia o Japón.

Es por ello, que propongo un modelo de política criminal estratégica para reducir la criminalidad, el cual puede ser aplicable en cualquier nivel de gobierno y en comunión con los poderes del Estado, así como, la participación ciudadanía y de las asociaciones civiles, cuyo contenido es el siguiente:

1. Detección

Consiste en reconocer y focalizar el problema de la conducta antisocial o delito desde cuatro ángulos, esto es, desde la persona, familia, sociedad y Estado (poder ejecutivo, legislativo y judicial). Conveniente es también, delimitar geográficamente y en el tiempo el fenómeno criminal, ya sea tratándose de pequeña delincuencia, macrodelincuencia, delincuencia organizada transnacional y/o narcotráfico.

1. Diagnóstico

Las directrices o fuentes de información, que permiten saber los índices de violencia o delincuencia, pueden ser directos e indirectos a través de las instituciones oficiales, medios de comunicación, asociaciones civiles u organismos de la sociedad civil organizada, comités de participación ciudadana, resultados estadísticos; e incluso, los reclamos sociales, por citar algunos.

1. Consecuencias

Los efectos negativos que provoca la criminalidad son diversos, tales como la percepción de inseguridad generalizada; los conflictos y descomposición social; disgregación familiar; estigmatización de barrios peligrosos; desconfianza en las autoridades; manifestaciones de justicia espontánea conducentes a linchamientos; surgimiento de nuevas prácticas urbanas de protección comunitaria; costo de las comunidades en seguridad privada; autogobierno en las prisiones; comisión de delitos en centros penitenciarios; disminución del turismo; fuga de inversión y desconfianza para invertir desde el exterior; es decir, todo ello impacta en aspectos individuales, sociales, económicos, políticos, internacionales; entre otros. Por ende, es prioritario, conocer las consecuencias para sentar las bases de la problemática.

1. Causas

Es relevante investigar y conocer la etiología o génesis del flagelo. En otras palabras, se debe advertir una radiografía del crimen desde los cuatro ángulos ya comentados. Asimismo, implica la aplicación del método científico y realizar una investigación de campo o estudio para conocer el fenómeno.

1. Soluciones

• Funcionarios públicos con amplio conocimiento, experiencia, profesionalismo, voluntad política, honestidad y acorde al perfil profesional en las instituciones del Estado en seguridad pública, sistema penitenciario y procuración de justicia.
• Poner en práctica la prevención primaria, secundaria y terciaria.
• Prácticas de buena administración y gobernabilidad, pues la prevención bien aplicada fortalece las instituciones democráticas.
• Neutralizar la criminalidad en activos, bienes, recursos y armas.
• Saneamiento de las familias con principios y valores.
• Promover la solidaridad en sociedad en caso de peligro.
• Prevención de la criminalidad en las escuelas.
• Implementar mecanismos estratégicos de participación ciudadana en temas de seguridad.
• Activar programas de apoyo en educación y oportunidades a los jóvenes, así como a la población social vulnerable.
• Difundir la cultura, artes u oficios en la población.
• Penas mínimas y más readaptación con reinserción en educación, trabajo o deporte con seguimiento en la resocialización.
• Reparación del daño y atención integral a las víctimas.
• Concientización y responsabilidad social de los medios de comunicación en temas delictivos o de violencia.
• Trabajos en favor de la comunidad a las personas en conflicto con la ley.
• Militarizar el sistema de prisiones e impulsar la industria penitenciaria.
• Inversión y profesionalización del personal penitenciario y de policía.
• Recuperar la confianza de la ciudadanía y la policía.
• Facilitar y fomentar la cultura de la denuncia.
• Adoptar una política transparente y en particular frente a la corrupción
• Reducción de tipos penales considerando otros mecanismos para la solución de conflictos a través de victimólogos, sociólogos, criminólogos y abogados.
• Evaluar la posibilidad de legalizar las drogas blandas con fines lúdicos, terapéuticos o medicinales, pero con una política de salud pública de prevención en el consumo en niños, adolescentes y adultos.
• Aplicar la tecnología e inteligencia artificial en materia prevención del delito.
• Investigar y analizar otros modelos de política criminal que hayan sido satisfactorios.
• Hacer investigación de política criminal, no sólo con enfoque en las prisiones, sino también en las escuelas, barrios, colonias; etc.
• Unificar los criterios o diseños de una política criminal nacional, evitando la sectorización.
• Modificar el entorno para eliminar las condiciones que facilitan la delincuencia; como ejemplos tenemos iluminar zonas; mejorar infraestructura; poner cámaras de videovigilancia en espacios públicos; modificar espacios en los cuales, hay exceso de comercios informales que facilitan oportunidades de delincuencia; prohibir la portación de armas, limitar el consumo de bebidas alcohólicas; rescatar y ampliar los espacios públicos como parques, jardines o centros deportivos.
• Investigación y análisis del neuroderecho con visión de futuro en estrategias de política criminal.
• Celebración de conferencias, reuniones de trabajo y comunicación asertiva de las instituciones del Estado en materia de procuración y seguridad pública, para la aplicación de una política criminal integradora.
• Permanencia y fortalecimiento de los programas funcionales, ya existentes o de gobiernos anteriores de prevención social de la violencia y la delincuencia.
• Consultar los trabajos de investigación o tesis generados en los colegios, institutos o universidades relacionados con la política criminal.
• Adoptar o ajustar los criterios internacionales emitidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; ejemplo, Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción; reglas y normas de prevención del delito; por citar sólo algunos.
• Coordinación conjunta para instituir una política criminal integral, con aportes del poder ejecutivo, legislativo y judicial.
• Considerar progresivamente un esquema de abolicionismo punitivo con menos sistema de procuración e impartición de justicia penal, menos prisiones y más prevención de conductas antisociales.

1. Seguimiento

Es prioritario que, una vez implementado el modelo como un traje a la medida, se realice un seguimiento a corto, mediano o largo plazo, para percibir su funcionalidad y correcciones. No se debe soslayar, que las medidas de prevención son más duraderas que las de reacción, regularmente estas últimas son de resultados inmediatos, pero de duración efímera.

En el modelo planteado, resulta importante hacer uso de otras disciplinas o área del conocimiento con enfoque criminológico, tales como: la estadística, sociología, politología, antropología, psicología, seguridad pública, victimología, derechos humanos, derecho penal y penitenciario; empero, lo que afectaría a la aplicación de una política criminal eficaz, es la corrupción e impunidad.

En suma, el costo de una política exclusiva de represión es más alto que el de prevención, no olvidemos que la política es la ciencia del Estado, el arte de gobernar y la técnica del poder. En consecuencia, la política criminal tiene en su mano derecha a la criminología y en su mano izquierda al derecho penal, si en una sociedad existen elevados índices de delincuencia, seguramente es porque no se ha logrado una política criminal adecuada, e incluso, debe ir acompañada con una excelsa política social, victimológica, penitenciaria, de seguridad pública y prevención. Luego entonces, sería conveniente que en distintos países de Latinoamérica se erigiera un Instituto Nacional de Criminología, pues dicha ciencia le da soporte científico y evidencia empírica a la política criminal.