Resoluciones discriminatorias por parte de las dependencias de la administración pública.

Dentro del Derecho Administrativo parte importante es la división de la administración pública, la cual se divide en entes Centralizados, Desconcentrados y Paraestatales, de estos últimos, a su vez se dividen en: descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, de conformidad con el artículo 90 constitucional. [1]

Como se establece en dicho precepto constitucional, los órganos centralizados son las secretarias de estado, las que están directamente relacionadas y dependientes del ejecutivo federal, como lo son: la secretaría de gobernación, la secretaría de economía, la secretaría de hacienda y crédito público, etc., aunado a lo anterior los desconcentrados son aquellos entes que depeden directamente de los centralizados.

Por otra parte, los descentralizados, tiene como principales características: que son autónomos, cuentan con patrimonio propio, personalidad jurídica propia y  una relación indirecta con el ejecutivo federal, tal y como lo establece el  artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Articulo 3o.- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:

I.-  Organismos descentralizados;

II.-  Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y

III.-  Fideicomisos. [2]

  

CONDUSEF

Ahora bien, para el caso en particular, que a continuación analizaremos, nos referimos a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), dicha comisión es un ente descentralizado, tal y como lo establece el artículo 3 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que a la letra dice lo siguiente:

Artículo 4o.- La protección y defensa de los derechos e intereses de los Usuarios, estará a cargo de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con domicilio en el Distrito Federal.

La protección y defensa que esta Ley encomienda a la Comisión Nacional, tiene como objetivo prioritario procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios y las Instituciones Financieras, otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas.[3]

Con base en el anterior precepto, se entiende que dicha comisión, tiene por objeto la protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios ante las Instituciones financieras. Por lo anterior, en la mencionada ley, en el Título Quinto “De los Procedimientos de Conciliación y Arbitraje”, Capítulo I “Del Procedimiento de Conciliación”, se desprende que dicho procedimiento se inicia presentado una queja ya sea por escrito o por comparecencia ante la misma. Posteriormente, una vez que se tiene por admitida y se le notifica a la contraparte (la institución financiera), se inicia el procedimiento conciliatorio; sin embargo, si durante dicho procedimiento no se llega a ningún acuerdo, la comisión de conformidad con los artículos 68 BIS y 68 BIS 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se encuentra facultada para emitir un dictamen técnico jurídico, mediante el cual,  se valoran todos los elementos contenidos en el expediente.

Posteriormente, después de que se haya emitido dicho dictamen, de conformidad con el Título Sexto “De la Defensa de los Usuarios”, Capítulo Único “De la Orientación Jurídica y Defensa Legal de los Usuarios”, el usuario tiene la opción de solicitar la defensa de oficio; no obstante, tiene que probar que el usuario no cuenta con la solvencia para contratar a un especialista en la materia, tal y como lo establecen en el artículo 87.

Artículo 87.- Los Usuarios que deseen obtener los servicios de orientación jurídica y defensoría legal, están obligados a comprobar ante la Comisión Nacional que no cuentan con los recursos suficientes para contratar un defensor especializado en la materia que atienda sus intereses.

Lo anterior, toda vez, que el asunto ya será ventilado por la vía judicial (juicio mercantil) y la CONDUSEF, supuestamente te brindara esa defensa.

 Resolución Discriminatoria

  A continuación muestro parte de la resolución en donde se niega dicha petición, es importante señalar como antecedente que el usuario era una persona adulta mayor.